Un provocador proyecto para quitarle los planes sociales a quienes realicen piquetes o cortes de calle generó revuelo dentro de la Coalición Cívica y malestar en el gobierno de María Eugenia Vidal.

La propuesta fue del diputado provincial Guillermo Castello, un legislador que suele hablar en nombre de Elisa Carrió y que gana espacio en los medios a fuerza proyectos legislativos con altos niveles de polémica.

Pero esta vez su propuesta repasó algunos límites. Su embestida contra los movimientos sociales puso en discusión el vínculo que tanto la Casa Rosada como el gobierno de Vidal mantienen con los movimientos sociales. Una relación que fue por demás sensible el último diciembre pero que permitió atravesar los últimos días de 2018 sin conflictos sociales después de una profunda recesión que impactó en los sectores más humildes.

Pero además, la cruzada de Castello de quitarle los subsidios a quienes corten la calle apuntaba directamente a Carolina Stanley, brazo ejecutor del vínculo gobierno-movimientos sociales. La ministra es quizás una de las pocas figuras del gobierno de Cambiemos sobre quien no pesan cuestionamientos.

Por lo pronto, fuentes del gobierno de Vidal deslizaron fuertes críticas al proyecto de Castello y aseguran que el diputado es el primer vetado para renovar su banca en la elección de este año.

En tanto, desde la Coalición Cívica toman distancia. El presidente del partido a nivel nacional, Maximiliano Ferraro, cortó por lo sano y en varios tuits salió a cuestionar la iniciativa de Castello.

"En la Coalición Cívica no proponemos ni avalamos políticas que generen violencia y estigmatización. Nuestros principios y convicciones están ligadas al humanismo, la igualdad, la paz social y la construcción de ciudadanía", escribió.

Agregó que el partido "apela a la responsabilidad de la dirigencia política en no promover ideas oportunistas que generan tensiones y desencuentro entre los argentinos".

Pero además salió a respaldar el trabajo de Stanley. "Confiamos en el trabajo cotidiano y diálogo que lleva adelante la ministra y su equipo en políticas sociales y en la resolución de conflictos que pudieran generarse", escribió en una serie de tuits que dejaron al dirigente en una situación comprometida.

En la misma línea que Ferraro el diputado nacional Héctor "Toty" Flores, replicó en las redes sociales las palabras del titular de la Coalición Cívica. En tanto, Maricel Echecoin Moro diputada provincial de la Coalición y compañera de bloque de Castello también tomó distancia del proyecto. "El partido tiene otros postulados con respecto a las paz social. Creemos que la ministra Stanley hizo un gran trabajo para tener un fin de año tranquilo, a diferencia de otras épocas", aseguró en declaraciones radiales.

La legisladora -muy cercana a Carrió- agregó que "Stanley tiene todo nuestro apoyo. Creemos que tiene la sensibilidad necesaria para ocupar el cargo que ocupa".

El proyecto de ley propone que toda prestación económica por parte del Estado será suspendida para "el autor de delitos o contravenciones cometidas en ocación de manifestaciones públicas".

Para Castello, las organizaciones sociales "no dudan en violar múltiples derechos constitucionales de millones de argentinos que se ven impedidos de trabajar, estudiar, atenderse médicamente, realizar trámites o vacacionar".

El diputado de Carrió argumentó que "la cantidad de piquetes ascendió a la escalofriante suma de 5857 en todo el país, a un promedio de 16 por día, uno cada hora y media". En tanto, asegura que la provincia de Buenos Aires encabeza ese ranking con 1269 piquetes al año, uno cada siete horas.

El proyecto de Castello coincide con un tuit publicado semanas atrás por Carrió en el que afirmaba que "no se pueden hacer manifestaciones mientras se cobra un subsidio del Estado. Me gusta el agua para repeler manifestaciones porque calma, luego se van a su casa calmados", publicó la dirigente en Twitter.